LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007) – Panamá
RESUMEN DE LA LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007)
- Propósito y Objetivo:
La Ley No. 25796 tiene como objetivo principal establecer sanciones para los servidores públicos que incurran en conductas indebidas, tales como corrupción, tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracción de deberes. Busca garantizar la transparencia, la legalidad y la ética en el ejercicio de la función pública en Panamá.
- Disposiciones Clave y sus Implicaciones:
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Artículo 346: Sanciona con prisión de tres a seis años al servidor público que solicite indebidamente dinero u otras ventajas para sí mismo o para terceros.
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Artículo 347: Establece penas de prisión de tres a seis años para el servidor público que cobre impuestos inexistentes. En caso de cobros legales pero realizados de manera no autorizada, la sanción será de seis meses a un año de prisión.
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Artículo 348: Penaliza con prisión de cuatro a seis años a quien, valiéndose de influencia simulada, busque obtener beneficios de un servidor público en asuntos en los que esté involucrado.
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Artículo 349: Sanciona con prisión de uno a dos años al servidor público que cometa actos arbitrarios no tipificados en la ley penal.
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Artículo 350: Establece penas de seis meses a un año de prisión para el servidor público que ilegalmente se niegue u omita realizar actos propios de su cargo.
- Afectados por la Legislación:
Esta ley afecta directamente a los servidores públicos en Panamá, imponiendo sanciones penales por conductas indebidas en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, busca proteger los intereses de los ciudadanos al prevenir abusos de autoridad y actos de corrupción.
- Fechas, Números o Requisitos Importantes:
La Ley No. 25796 fue promulgada el 22 de mayo de 2007 y establece penas concretas de prisión para diferentes tipos de conductas ilícitas cometidas por servidores públicos.
- Significado en el Marco Legal:
Esta ley es fundamental en el marco legal panameño, ya que contribuye a fortalecer la integridad y la ética en el servicio público, combatiendo la corrupción y garantizando la legalidad en la administración estatal. Su aplicación es crucial para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales y promover la transparencia en la gestión pública.
