# LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007) – Panamá
RESUMEN:
- Propósito y Objetivo:
La Ley No. 25796 del 22 de mayo de 2007 tiene como objetivo establecer sanciones para aquellas conductas que atenten contra la población civil, las normas de Derecho Internacional Humanitario y los derechos de las personas protegidas en situaciones de conflicto armado. Busca proteger a civiles, prisioneros de guerra y otras personas vulnerables durante conflictos armados.
- Disposiciones Clave y sus Implicaciones:
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Los artículos del 437 al 439 detallan conductas punibles con penas de prisión de diez a quince años.
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Se sanciona la realización de ataques indiscriminados contra la población civil, la destrucción de buques o aeronaves no militares, la obligación de personas a servir en fuerzas adversas, entre otras conductas.
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Se establece la protección de unidades sanitarias, personal médico, mujeres, niños y otros grupos vulnerables en situaciones de conflicto.
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Se prohíbe reclutar menores de dieciocho años para participar en hostilidades, forzar la prostitución, atentar contra la libertad sexual, entre otras acciones.
- Personas Afectadas por la Legislación:
Esta ley afecta a cualquier individuo que participe en conductas contrarias a las normas establecidas en el Derecho Internacional Humanitario durante conflictos armados. Incluye a civiles, prisioneros de guerra, personal médico, mujeres, niños y otros grupos vulnerables.
- Fechas, Números o Requisitos Importantes:
La ley no especifica fechas, números o requisitos adicionales más allá de las penas establecidas para las conductas prohibidas en los artículos mencionados.
- Significado en el Marco Legal:
Esta ley es fundamental en el marco legal panameño al establecer sanciones para conductas que violan el Derecho Internacional Humanitario durante conflictos armados. Contribuye a la protección de la población civil, prisioneros de guerra y otros grupos vulnerables, asegurando el respeto a los derechos fundamentales en situaciones de conflicto.
En resumen, la Ley No. 25796 es crucial para garantizar el respeto a las normas internacionales en situaciones de conflicto armado, protegiendo a los más vulnerables y estableciendo consecuencias para quienes cometan violaciones graves a estas normas.
