RESOLUCIÓN No. 27660 – Panamá
RESUMEN DE RESOLUCIÓN No. 27660
- Propósito y Objetivo:
La Resolución No. 27660 aborda la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones de la Ley No. 14 de 4 de abril de 2017, específicamente la frase "sujetas a las normas y procedimientos de control posterior" en contrataciones públicas entre el Gobierno de Panamá y la Corporación Comercial Canadiense. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento de las funciones de fiscalización y control de la Contraloría General de la República sobre el manejo de fondos públicos, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política de la República de Panamá.
- Disposiciones Clave y sus Implicaciones:
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Se cuestiona la limitación del control posterior en transacciones de Gobierno a Gobierno, lo cual restringe la facultad de la Contraloría de ejercer el control previo, afectando su función de proteger el patrimonio público.
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La Resolución declara como inconstitucional la frase mencionada en la Ley No. 14 de 2017, al vulnerar el artículo 280 de la Constitución que establece el control previo y posterior de la Contraloría sobre los fondos públicos.
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Se destaca la importancia del control previo para evitar desbalances presupuestarios y garantizar la adecuada gestión de los recursos estatales.
- Afectados por la Legislación:
La Contraloría General de la República es el ente principal afectado, ya que se busca preservar su autonomía y capacidad de ejercer tanto el control previo como el posterior en actos que involucren fondos públicos. Asimismo, la sociedad panameña se beneficia al asegurar la protección de su patrimonio público.
- Fechas, Números y Requisitos Relevantes:
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La Resolución fue emitida el 21 de marzo de 2022.
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Se hace referencia a la Ley No. 14 de 4 de abril de 2017 y a la Constitución Política de la República de Panamá, especialmente al artículo 280 que detalla las funciones de la Contraloría.
- Significado en el Marco Legal:
Esta Resolución tiene un impacto significativo en el marco legal panameño al reafirmar la importancia del control previo de la Contraloría General de la República en la gestión de fondos públicos. Al declarar inconstitucional una disposición que limita este control, se fortalece la supervisión y fiscalización de los recursos estatales, garantizando su uso adecuado y transparente en beneficio de la sociedad panameña.
