# LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007) – Panamá
RESUMEN:
- Propósito Principal:
La Ley No. 25796 del 22 de mayo de 2007 tiene como objetivo establecer disposiciones relacionadas con el cumplimiento de penas impuestas por los órganos jurisdiccionales en Panamá. Se enfoca en regular el pago de multas, la posibilidad de amortizarlas mediante trabajo remunerado, las consecuencias por incumplimiento de penas y la aplicación de penas sustitutivas como la prisión domiciliaria.
- Disposiciones Clave e Implicaciones:
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Artículo 60: Permite al Juez de Cumplimiento autorizar al sancionado a amortizar el pago de la pena mediante trabajo remunerado, con una contribución mínima del 50% de los ingresos.
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Artículo 61: Establece que si el sancionado no paga la pena de días-multa, estos se convierten en pena de prisión equivalente. Se detalla cómo se computan los días cumplidos y las consecuencias por incumplimiento.
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Artículo 62: Define las reglas a aplicar en caso de incumplimiento de penas, como la conversión de días-multa en días de prisión, arrestos de fin de semana, prisión domiciliaria y trabajo comunitario.
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Artículo 63: Regula la prisión domiciliaria como una forma de privación temporal de la libertad que se cumple en el domicilio del imputado o en lugar determinado por el Juez.
- Afectados por la Legislación:
Esta ley impacta a los individuos que han sido sancionados con penas que involucran multas, prisión, arrestos de fin de semana, prisión domiciliaria o trabajo comunitario en Panamá. Además, los Jueces de Cumplimiento y de Conocimiento son los encargados de aplicar y supervisar estas disposiciones.
- Datos Relevantes:
Se mencionan porcentajes mínimos de contribución para amortizar multas, las conversiones de días-multa a prisión, así como las reglas específicas para distintas formas de incumplimiento de penas.
- Significado en el Marco Legal:
Esta ley es crucial en el sistema legal panameño al establecer mecanismos para el cumplimiento de penas de forma proporcional y efectiva. Define las consecuencias por incumplimiento y brinda alternativas como el trabajo remunerado y la prisión domiciliaria, buscando garantizar la ejecución de las decisiones judiciales de manera justa y equitativa.
