LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007) – Panamá
RESUMEN DE LA LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007)
- Propósito y Objetivo:
La Ley No. 25796 tiene como objetivo principal establecer sanciones para conductas de corrupción y enriquecimiento injustificado por parte de servidores públicos en Panamá. Busca prevenir y penalizar acciones que impliquen el uso indebido de la función pública para obtener beneficios personales o de terceros.
- Disposiciones Clave y sus Implicaciones:
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Artículo 341: Penaliza el ofrecimiento de donativos o beneficios a servidores públicos para influir en sus acciones oficiales, con penas de prisión de tres a seis años.
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Artículo 342: Sanciona a servidores públicos que utilicen información confidencial en su beneficio o de terceros, con penas de cuatro a ocho años de prisión.
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Artículo 343: Establece sanciones para servidores públicos que perciban remuneraciones sin prestar el servicio correspondiente, con multas o trabajo comunitario.
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Artículo 344: Amplía las sanciones a actos de corrupción contra servidores públicos de otros Estados o funcionarios de organismos internacionales, con penas de cinco a ocho años de prisión.
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Artículo 345: Penaliza el enriquecimiento injustificado de servidores públicos, con penas de tres a seis años de prisión, aumentando a seis a doce años si el monto obtenido ilegítimamente supera los cien mil balboas.
- Afectados por la Legislación:
Esta ley afecta directamente a servidores públicos en Panamá, regulando su conducta y estableciendo consecuencias legales por actos de corrupción, enriquecimiento injustificado y uso indebido de información privilegiada.
- Fechas, Números o Requisitos Importantes:
Se menciona la posibilidad de imponer penas de prisión de tres a doce años, multas y trabajo comunitario, así como el umbral de cien mil balboas como límite para agravar las penas por enriquecimiento injustificado.
- Significado en el Marco Legal:
La Ley No. 25796 es fundamental en el marco legal panameño para combatir la corrupción y promover la transparencia en la función pública. Establece un marco normativo claro para prevenir y sancionar conductas indebidas por parte de servidores públicos, fortaleciendo la integridad y la ética en el ejercicio de la administración pública en el país.
