# LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007) – Panamá
RESUMEN:
- Propósito y Objetivo:
La Ley No. 25796 del 22 de mayo de 2007 tiene como objetivo principal establecer disposiciones relacionadas con la lesión patrimonial que excede de cien mil balboas, así como las acciones cometidas por apoderados, gerentes o administradores en el ejercicio de sus funciones. Además, aborda situaciones donde se comete lesión patrimonial en perjuicio de la Administración Pública o de un establecimiento de beneficencia, y cuando se usurpa o utiliza la identidad de otra persona para obtener beneficios.
- Disposiciones Clave e Implicaciones:
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El Artículo 1 establece que la ley aplica cuando la lesión patrimonial supera los cien mil balboas.
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El Artículo 2 se refiere a las acciones realizadas por apoderados, gerentes o administradores en el ejercicio de sus funciones.
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El Artículo 3 aborda los casos en los que la lesión patrimonial afecta a la Administración Pública o a un establecimiento de beneficencia.
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El Artículo 4 menciona la penalización para aquellos que usurpen la identidad de otra persona para obtener beneficios.
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Los Artículos 216 a 220 detallan sanciones para diferentes conductas delictivas, como el cobro indebido de seguros, disposición indebida de bienes gravados, uso no autorizado de servicios como energía, agua, telecomunicaciones, alteración de sistemas informáticos, entre otros.
- Afectados por la Legislación:
Esta ley impacta a aquellos que incurran en conductas delictivas relacionadas con lesiones patrimoniales, usurpación de identidad, abuso de funciones como apoderados o administradores, y otras acciones que perjudiquen a la Administración Pública o a establecimientos de beneficencia.
- Fechas, Números o Requisitos Importantes:
No se mencionan fechas específicas en el resumen proporcionado. Sin embargo, se establece un umbral de cien mil balboas como límite para la aplicación de la ley en casos de lesión patrimonial.
- Significado en el Marco Legal:
Esta ley es relevante en el marco legal panameño al establecer disposiciones claras y sanciones para conductas delictivas que afectan el patrimonio, la identidad y los servicios públicos. Contribuye a la protección de los intereses públicos y privados al definir límites y consecuencias legales para acciones ilícitas en diversos ámbitos patrimoniales y administrativos.
