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LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007)

LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007) – Panamá

RESUMEN DE LA LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007)

  1. Propósito y Objetivo:

La Ley No. 25796 tiene como objetivo principal establecer sanciones para diversas conductas delictivas relacionadas con la apropiación indebida, usurpación y daños a bienes muebles e inmuebles. Busca proteger la propiedad y la integridad de los bienes de terceros mediante la imposición de penas proporcionales a la gravedad de los actos cometidos.

  1. Disposiciones Clave y sus Implicaciones:
  • Artículo 221: Establece penas de prisión de uno a tres años, o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana, para quien se apropie de bienes muebles ajenos. Se aumenta la pena a cuatro a ocho años si el valor de lo apropiado supera los cien mil balboas.

  • Artículo 222: Sanciona con prisión de dos a cuatro años a quien altere las marcas de linderos de un bien inmueble ajeno con el fin de apropiarse de él.

  • Artículo 223: Impone penas de uno a tres años, o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana, a quien despoje a otro de la posesión de un inmueble mediante diversos medios.

  • Artículo 224: Establece penas de uno a dos años de prisión, o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana, por destruir bienes ajenos. Aumenta la pena en diferentes circunstancias agravantes detalladas en los artículos 1 al 5.

  1. Afectados por la Legislación:

Esta ley afecta a aquellas personas que cometan actos de apropiación indebida, usurpación o daños a bienes muebles e inmuebles pertenecientes a terceros. También involucra a quienes sean despojados de la posesión de sus propiedades de forma ilícita.

  1. Fechas, Números o Requisitos Importantes:

No se mencionan fechas específicas en el texto de la ley. Sin embargo, se establece un umbral de valor de cien mil balboas para aumentar las penas en casos de apropiación indebida.

  1. Significado en el Marco Legal:

La Ley No. 25796 es fundamental en el marco legal panameño para proteger la propiedad privada y sancionar conductas delictivas relacionadas con la usurpación, la apropiación indebida y los daños a bienes. Establece un marco jurídico claro para la imposición de penas proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos, contribuyendo a mantener el orden y la seguridad jurídica en la sociedad.

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