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LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007)

LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007) – Panamá

RESUMEN:

  1. Propósito y Objetivo:

La Ley No. 25796 del 22 de mayo de 2007 tiene como objetivo principal establecer disposiciones relacionadas con la seguridad del Estado, delitos contra la personalidad interna del Estado, delitos contra la humanidad, y delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Busca proteger los intereses públicos, la seguridad nacional, los derechos humanos y garantizar el cumplimiento de normas internacionales.

  1. Disposiciones Clave e Implicaciones:
  • Artículos 421 a 430: Establecen sanciones para acciones como acceso ilegal a la seguridad informática del Estado, revelación de secretos, traición de mandato gubernamental, incumplimiento de obligaciones en tiempo de guerra, entre otros. Las penas van desde prisión de meses hasta quince años, dependiendo de la gravedad de la conducta.

  • Artículos 431 a 433: Abordan delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como genocidio, crímenes contra la humanidad, tráfico de personas, imponiendo penas de hasta treinta años de prisión.

  • Artículos 434 a 436: Regulan delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario en conflictos armados, como causar la muerte de personas protegidas, tortura, uso de métodos de combate prohibidos, con penas de hasta treinta años de prisión.

  1. Afectados por la Legislación:

Esta ley afecta a cualquier individuo o entidad que cometa acciones contrarias a la seguridad del Estado, los derechos humanos, o que infrinja normas internacionales humanitarias, incluyendo funcionarios públicos, organizaciones internacionales, y civiles involucrados en conflictos armados.

  1. Fechas, Números o Requisitos Relevantes:

No se mencionan fechas específicas, números o requisitos adicionales en el texto de la ley.

  1. Significado en el Marco Legal:

La Ley No. 25796 es de suma importancia en el marco legal panameño, ya que establece un marco jurídico robusto para prevenir y sancionar delitos graves que atenten contra la seguridad del Estado, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Su alcance abarca desde acciones individuales hasta crímenes de lesa humanidad, contribuyendo a la protección de los valores fundamentales de la sociedad y el respeto a las normas internacionales.

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