LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007) – Panamá
RESUMEN DE LA LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007)
- Propósito y Objetivo:
La Ley No. 25796, promulgada el 22 de mayo de 2007, tiene como objetivo principal establecer disposiciones relacionadas con los delitos contra la seguridad informática en Panamá. Busca proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, información y sistemas informáticos, así como sancionar las conductas que atenten contra estos aspectos.
- Disposiciones Clave e Implicaciones:
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Artículo 282: Penaliza con prisión de dos a cuatro años a quien se apodere de datos, información o secretos de un agente económico causándole perjuicio. La pena se agrava si el autor es servidor público, trabajador de la empresa o presta servicios profesionales.
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Artículo 283: Establece penas de dos a cuatro años de prisión para quien indebidamente ingrese o utilice una base de datos, red o sistema informático.
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Artículo 284: Sanciona con prisión de dos a cuatro años a quien se apodere, copie, utilice o modifique datos en tránsito o contenidos en sistemas informáticos, así como a quienes interfieran en su transmisión.
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Artículo 285: Agravamiento de penas si las conductas se cometen contra datos de oficinas públicas, instituciones que prestan servicios públicos, entidades financieras, entre otros, o con fines lucrativos.
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Artículo 286: Establece que si las conductas son realizadas por personas encargadas de bases de datos o sistemas informáticos, la pena se agrava.
- Afectados por la Legislación:
La Ley No. 25796 afecta a aquellos que accedan indebidamente a sistemas informáticos, se apoderen de información confidencial, interfieran en la transmisión de datos o utilicen información privilegiada con fines ilícitos. También impacta a servidores públicos, trabajadores de empresas y profesionales que cometan estos delitos.
- Significado y Relevancia:
Esta ley es fundamental en el marco legal panameño para combatir los delitos informáticos y proteger la seguridad de la información. Establece penas proporcionales a la gravedad de las conductas, considerando agravantes como el tipo de datos afectados y la calidad del autor. Su aplicación contribuye a fortalecer la confianza en el entorno digital y a prevenir posibles vulneraciones de la seguridad informática en el país.
