LEY No. 125 (de 31 de diciembre de 2013) – Panamá
Resumen de la Ley No. 125 del 31 de diciembre de 2013:
- Propósito principal y objetivo:
La Ley No. 125 tiene como objetivo principal establecer disposiciones especiales relacionadas con la contratación de bienes, servicios y obras por parte de entidades estatales en la República de Panamá. Su propósito es regular los procedimientos de contratación pública para garantizar la transparencia, eficiencia y legalidad en dichos procesos.
- Disposiciones clave y sus implicaciones:
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La ley establece los principios rectores de la contratación pública, como la transparencia, igualdad, competencia, economía, eficiencia, eficacia, publicidad y moralidad.
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Se establecen los diferentes tipos de procedimientos de contratación, como la licitación pública, la licitación por mejor valor, la contratación directa, entre otros.
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Se detallan los requisitos que deben cumplir los oferentes para participar en los procesos de contratación, así como las causales de inhabilitación.
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Se establecen las responsabilidades de las autoridades y funcionarios en los procesos de contratación, así como las sanciones por incumplimiento de la ley.
- Quién o qué se ve afectado por esta legislación:
Esta ley afecta a todas las entidades estatales de Panamá que realicen procesos de contratación de bienes, servicios u obras. También impacta a los proveedores y contratistas que participan en dichos procesos, ya que deben cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en la ley.
- Fechas, números o requisitos importantes mencionados:
La Ley No. 125 entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial y establece los plazos y procedimientos que deben seguirse para la contratación pública en el país. Se establecen los montos máximos para los diferentes tipos de contratación, así como los criterios de evaluación de las ofertas.
- Significado en el marco legal:
Esta ley es fundamental en el marco legal de Panamá, ya que regula uno de los aspectos más importantes de la gestión pública: la contratación de bienes, servicios y obras. Su cumplimiento garantiza la transparencia en la administración de los recursos públicos, promueve la competencia entre los oferentes y contribuye a la eficiencia en la ejecución de proyectos estatales. Además, establece un marco legal claro que busca prevenir actos de corrupción y asegurar el uso adecuado de los fondos públicos en el país.
