LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007) – Panamá
RESUMEN DE LA LEY No. 25796 (de 22 de mayo de 2007)
- Propósito y Objetivo:
La Ley No. 25796 tiene como objetivo principal establecer disposiciones relacionadas con la responsabilidad de quienes manejan fondos, rentas o efectos de entidades públicas, así como regular la conducta de los servidores públicos para prevenir actos de corrupción.
- Disposiciones Clave e Implicaciones:
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Artículos 1 al 5: Establecen la extensión de las disposiciones de la ley a personas encargadas de fondos públicos, depositarios de caudales, administradores de bienes embargados, entre otros. Se busca garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos y prevenir su mal uso.
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Artículo 338: Establece reducciones en las sanciones para aquellos responsables de delitos relacionados con fondos públicos que reintegren el dinero o bienes objeto de los delitos antes de ciertos momentos procesales, incentivando la restitución de lo sustraído.
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Artículos 339 y 340: Detallan conductas punibles de servidores públicos, como solicitar beneficios para realizar actos contrarios a sus obligaciones o perjudicar a una de las partes en un proceso judicial. Se busca combatir la corrupción en el ejercicio de funciones públicas.
- Afectados por la Legislación:
Esta ley afecta directamente a quienes manejan fondos, rentas o efectos de entidades públicas, depositarios de caudales públicos, administradores de bienes embargados, así como a servidores públicos que puedan incurrir en conductas corruptas en el ejercicio de sus funciones.
- Fechas, Números o Requisitos Importantes:
La ley no menciona fechas específicas, números o requisitos concretos, pero establece penas de prisión para servidores públicos que incurran en conductas ilícitas, así como beneficios en caso de restitución de fondos sustraídos en ciertos momentos del proceso judicial.
- Significado en el Marco Legal:
La Ley No. 25796 es relevante en el marco legal panameño por su enfoque en la transparencia en la gestión de fondos públicos y la prevención de la corrupción entre servidores públicos. Establece normas claras para la responsabilidad en el manejo de recursos estatales y busca garantizar la integridad en el ejercicio de funciones públicas, fortaleciendo el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones.
